Con la reforma integral en pausa, el oficialismo impulsa un paquete más acotado que endurece penas, crea nuevas figuras delictivas y busca mostrar resultados rápidos en seguridad.
El Gobierno decidió cambiar de estrategia. La reforma completa del Código Penal —un proyecto de más de 900 artículos que llevaba más de un año de trabajo— quedó en pausa. En su lugar, avanza ahora con una versión más corta y concreta que apunta a resolver lo urgente: seguridad, delitos violentos y nuevas modalidades delictivas.
El nuevo proyecto, impulsado desde el Ministerio de Justicia, busca tipificar figuras que hoy no están contempladas de forma específica en el Código Penal. Entre ellas aparecen las “viudas negras”, los motochorros, las salideras y las entraderas, con penas que pueden llegar hasta los 12 años de prisión y agravantes según el contexto del delito.
El paquete también incorpora un criterio “pro-víctima” que obliga a los jueces a considerar su posición en decisiones clave, como la suspensión del juicio a prueba. En los hechos, la víctima pasa de tener un rol secundario a ser un actor obligatorio dentro del proceso.
En paralelo, el proyecto endurece el enfoque sobre delitos migratorios. Se penaliza el ingreso y permanencia ilegal de extranjeros, con sanciones de hasta 20 años en casos agravados, y se apunta especialmente contra redes de tráfico de personas y fraudes vinculados al sistema migratorio.
El capítulo económico tampoco queda afuera: se crean figuras específicas para estafas piramidales y se elevan las penas hasta 12 años. A eso se suman cambios en delitos penitenciarios, con sanciones para la tenencia de armas en cárceles, y un endurecimiento de las penas por picadas ilegales.
También hay modificaciones en delitos sensibles: se agravan las penas por grooming y abuso infantil, se incorpora un nuevo esquema de protección animal dentro del Código Penal y se establecen sanciones más duras para quienes incumplan obligaciones familiares como el pago de alimentos.
Detrás del cambio de enfoque hay una decisión política: no esperar meses —o años— para aprobar una reforma integral y, en cambio, avanzar con medidas inmediatas que muestren resultados concretos.
La reforma completa sigue en revisión y promete abrir debates más profundos. Pero el Gobierno eligió otra lógica: primero endurecer el sistema penal en lo urgente, después discutir el resto. La incógnita es si este primer paso alcanza o si solo abre una nueva discusión más grande.