El histórico dirigente piquetero y referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue enviado a juicio oral y público acusado de encabezar una organización criminal dedicada a extorsionar beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y defraudar al Estado nacional. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien también elevó a juicio a otras 17 personas vinculadas al esquema delictivo.
Según la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, Belliboni y su círculo más cercano habrían montado una estructura que durante años se aprovechó de la necesidad de los sectores más vulnerables para enriquecerse y financiar acciones políticas. El modus operandi incluía amenazas, exigencias de aportes en efectivo y participación forzada en marchas, bajo la advertencia de quitar el beneficio del plan estatal si no se obedecían las órdenes.
“El caso expone una matriz de corrupción profundamente enquistada en los movimientos piqueteros que usaron la pobreza como herramienta de poder”, advirtió Pollicita al requerir la elevación a juicio. Entre los acusados figuran María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Gianna Puppo, Gustavo Vásquez y Rossmery Grande Arancibia, todos señalados por participar en una red que habría manejado millones de pesos del programa Potenciar Trabajo.
Casanello también llamó a indagatoria a otro grupo de personas vinculadas a maniobras de triangulación de fondos con facturas truchas y sociedades pantalla, utilizadas para encubrir los desvíos del dinero público.
La defensa de Belliboni intentó frenar el juicio con argumentos técnicos y políticos, cuestionando la legitimidad de la querella del Ministerio de Capital Humano y la imparcialidad del fiscal. Pero el juez fue contundente: “Se ha reunido prueba suficiente para acreditar la comisión de los delitos y la participación de los imputados”.
Este avance judicial confirma lo que desde hace años denuncian quienes se oponen a la extorsión piquetera institucionalizada: el Potenciar Trabajo fue usado como caja política por los gerentes de la pobreza. Ahora, la Justicia deberá determinar si efectivamente se trató de una asociación ilícita que operó al amparo de los planes sociales, uno de los pilares del aparato clientelar kirchnerista.