Las fuerzas federales argentinas arrestaron a un ciudadano venezolano que había ingresado de manera ilegal al país y que está vinculado a la organización criminal y terrorista conocida como Tren de Aragua. El detenido posee graves antecedentes penales, entre ellos causas por homicidio, y contaba con alertas internacionales activas.
La detención fue el resultado de una investigación compleja que incluyó tareas de inteligencia, análisis de información estratégica y seguimiento coordinado entre distintos organismos. Tras el operativo, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia para avanzar con el proceso judicial correspondiente.
Según fuentes oficiales, el individuo fue identificado mediante el cruce de bases de datos internacionales y el estudio de patrones regionales de desplazamiento utilizados por organizaciones criminales transnacionales. Ese trabajo permitió reconstruir su recorrido clandestino por varios países de América Latina, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, antes de su ingreso a la Argentina.
Además, se comprobó que el detenido habría ingresado de forma irregular a los Estados Unidos, país del cual fue deportado en enero de 2025. También pesa sobre él un pedido de captura emitido por Canadá por delitos vinculados a lesiones graves y amenazas.
Las autoridades señalaron que el acusado contaría con entrenamiento militar especializado, lo que refuerza su perfil de alta peligrosidad y su pertenencia activa a estructuras criminales organizadas.
El caso volvió a encender las alertas sobre el uso del territorio argentino por parte de bandas internacionales que aprovechan las rutas migratorias irregulares y la amplitud de las fronteras para desplazarse y operar en la región.
Desde el Gobierno señalaron que este tipo de operativos fue posible gracias a las reformas impulsadas en el sistema de inteligencia durante la gestión de Javier Milei. En particular, destacaron la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), orientada a modernizar sus capacidades operativas y fortalecer la detección temprana de amenazas vinculadas al crimen organizado y al terrorismo internacional.
Las autoridades advirtieron que el debilitamiento de estructuras criminales en algunos países de la región está generando movimientos de repliegue y expansión hacia terceros Estados, lo que incrementa los riesgos para la seguridad regional y exige una respuesta coordinada y sostenida.