Una cifra escandalosa sacude al país: la condenada Cristina Fernández de Kirchner deberá reintegrar al Estado casi 685 mil millones de pesos, tras una actualización por inflación del daño económico causado en la causa Vialidad. El dato fue confirmado por peritos contables de la Corte Suprema, quienes ajustaron el cálculo original –que era de $85 mil millones– y revelaron la verdadera magnitud del desfalco cometido durante los gobiernos kirchneristas.
La cifra actualizada, que asciende a $684.990.350.139,86, deberá ser devuelta de forma solidaria por todos los condenados, entre los que se encuentran exfuncionarios y empresarios cercanos al poder K. Todos ellos participaron del entramado corrupto de direccionamiento de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período donde el kirchnerismo convirtió al Estado en una caja personal.
Cristina Kirchner fue hallada culpable por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A pesar de ello, la condenada continúa residiendo cómodamente en su casa de San Telmo bajo prisión domiciliaria, una muestra más del privilegio del que gozan los políticos corruptos en la Argentina.
La responsabilidad solidaria implica que todos los involucrados deberán responder por el total del perjuicio, hasta que el Estado recupere la suma completa. El próximo paso está en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, que deberá definir cómo se llevará a cabo la restitución: embargos, ejecuciones patrimoniales y demás herramientas legales estarán sobre la mesa.
La causa Vialidad no sólo es el proceso más importante que enfrenta la jefa del saqueo K, sino también un precedente clave en la lucha contra la corrupción. El kirchnerismo, que durante años se amparó en el relato y la impunidad, ahora enfrenta las consecuencias judiciales de una matriz delictiva montada para enriquecerse con fondos públicos.
Mientras tanto, los argentinos siguen pagando las consecuencias de una década de corrupción desenfrenada, donde se vaciaron las arcas del Estado mientras se hablaba de “inclusión”. La Justicia, aunque tarde, empieza a ponerle precio al saqueo.