La Justicia de San Juan condenó este lunes a prisión perpetua a Luciana Bustos, investigadora del CONICET, por el escalofriante asesinato de su amigo Marcelo Amarfil, un docente de Educación Física, ocurrido durante un supuesto juego sexual en enero de 2024. La escena del crimen, digna de una película de terror, dejó atónitos a los jueces y fiscales, quienes no dudaron en calificar el hecho como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía.
Bustos, protegida durante años por la estructura del CONICET, uno de los organismos predilectos del kirchnerismo, degolló y apuñaló seis veces a su amigo, a quien previamente había inmovilizado con muñequeras de cuero al volante del auto, colocándole un antifaz y dejándolo completamente a merced de su agresión. La víctima murió desangrada a un costado del vehículo tras lograr escapar parcialmente del ataque.
El crimen ocurrió en la localidad sanjuanina de Las Chacritas, donde la investigadora y su amigo habían ido a tomar algo. Luego del encuentro, estacionaron el vehículo en una zona oscura cerca del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Según la investigación, la asesina ya había preparado todo: llevaba un cuchillo que había hecho afilar días antes, muñequeras con gancho y cadenas, y el antifaz negro con el que privó de visión a la víctima antes de ejecutar el ataque.
Durante el juicio –que debió ser suspendido por un infarto que sufrió uno de los jueces y se reanudó semanas después–, los magistrados Guillermo Adárvez, Gerardo Fernández Caussi y Matías Parrón resolvieron de forma unánime dictar la pena máxima.
Lejos de mostrar arrepentimiento, Bustos declaró: “Sigo sosteniendo mi inocencia”, aunque las pruebas en su contra fueron contundentes. Incluso intentó instalar la teoría de un brote psicótico y dijo que la víctima se había autoinfligido las heridas, algo completamente descartado por la autopsia. También pidió la “pastilla del día después”, dando cuenta de la frialdad con la que actuó tras el crimen.
Este caso vuelve a poner en la mira al CONICET, organismo que durante años albergó a miles de militantes disfrazados de científicos, muchos de ellos beneficiarios de un sistema clientelar financiado con los impuestos de todos los argentinos. Bustos no era una excepción.
En una Argentina donde el mérito ha sido reemplazado por el acomodo ideológico, y donde la violencia parece tener carta blanca si viene de ciertos sectores, este crimen macabro y su sentencia deberían encender alarmas sobre qué tipo de “intelectuales” se están formando con plata del Estado.