El malestar en la Policía Bonaerense dejó de ser rumor: familiares marcharon en Mar del Plata para exigir un fuerte aumento salarial y mejoras en IOMA. El Gobierno provincial niega un conflicto interno, pero sindicatos y opositores advierten tensión creciente, fallas logísticas y un clima sensible dentro de la fuerza.
El conflicto no explotó, pero ya se siente el calor. En la provincia de Buenos Aires volvió a aparecer un tema que incomoda: el malestar en la Policía Bonaerense, con reclamos salariales, críticas a la cobertura sanitaria y denuncias por fallas operativas que, según distintos actores, vienen acumulándose hace tiempo.
En los últimos días, familiares de policías en actividad encabezaron una protesta en Mar del Plata con un pedido concreto: 80% de recomposición salarial sin distinción de jerarquías y mejoras urgentes en la atención de IOMA, la obra social que también arrastra cuestionamientos de otros sectores estatales. La escena escaló con momentos de tensión y forcejeos durante la entrega de un petitorio.
El dato que terminó de encender alarmas fue otro: mientras se concretaba el reclamo, se denunció una agresión al jefe departamental marplatense, Cristian Fontana. No hubo detenciones en el momento, pero se inició una investigación para identificar al responsable. En un clima cargado, cualquier episodio se vuelve combustible.
Desde el Sindicato Policial (SIPOBA), su secretario general Nicolás Masi viene advirtiendo que el cuadro es “malo, comprometido y con posibilidad de conflicto serio”. Reconoce que no hay señales de un estallido inmediato, pero insiste en que la tensión es real y que el recuerdo de sanciones por protestas anteriores funciona como freno para el personal en actividad.
Del otro lado, el Ministerio de Seguridad bonaerense niega que exista “descontento creciente” y fue tajante: por ley, la Policía Bonaerense no puede protestar ni reclamar. Incluso deslizaron una lectura política: “quieren incendiar todo”, dijeron, sugiriendo que hay sectores que fogonean el conflicto.
Pero los números vuelven difícil sostener la calma. Según lo que circula en el propio debate, un oficial ingresante estaría cobrando entre $800.000 y $900.000 mensuales, mientras que un comisario rondaría los $2 millones con jornadas de 12 a 14 horas. SIPOBA sostiene que el salario inicial debería ubicarse cerca de $1.650.000 para quedar por encima de la línea de pobreza y evitar que muchos terminen recurriendo a horas extra o directamente a changas para completar ingresos.
Ese punto, de hecho, fue reconocido públicamente por el ministro Javier Alonso, quien señaló que hay efectivos que combinan el trabajo policial con policía adicional y hasta con apps de transporte. Para quienes están dentro del sistema, la pregunta es obvia: si un policía tiene que vivir “a doble turno”, ¿qué pasa con su descanso, su salud y su rendimiento?
A la discusión salarial se suma un factor técnico que también genera enojo: según Masi, el régimen previsional retiene el primer aumento anual como aporte a la caja policial, lo que difiere el impacto real del incremento respecto de otros estatales. Y en paralelo vuelve el debate por la representación gremial: el rechazo judicial a la sindicalización dejó a los efectivos sin negociación colectiva formal. Por eso, las manifestaciones —fuera de servicio, sin uniforme ni armas— aparecen como la única vía “legal” para presionar, aunque sea por terceros como familiares y retirados.
En la política, la grieta aparece rápido. El diputado libertario Maximiliano Bondarenko habló de “crisis estructural”, denunció fallas de logística, precarización y hasta mencionó una tasa de suicidios “récord” dentro de la fuerza, además de cuestionar el esquema de formación y la estructura del ministerio, al que describió como sobredimensionado. Desde la UCR, el diputado Valentín Miranda coincidió en el diagnóstico general: salarios atrasados, equipamiento insuficiente y necesidad de contención psicológica, especialmente por el estrés del trabajo y el impacto en el interior bonaerense.
Mientras tanto, la postal se repite: reclamo en la calle encabezado por familiares, personal en actividad en segundo plano, y una Provincia que niega conflicto pero admite —aunque sea indirectamente— que muchos policías buscan ingresos extra para sostenerse.
La tensión, por ahora, es subterránea. Pero la provincia ya conoce esta película: cuando la fuerza más grande del país se siente desatendida, el problema no queda “adentro”. Se filtra a patrulleros, comisarías y al servicio que recibe el vecino.