El ministro de Gobierno bonaerense salió a responder los proyectos impulsados por concejales de La Libertad Avanza para limitar tasas municipales. Defendió esos ingresos y acusó a los libertarios de instalar un diagnóstico falso sobre la presión fiscal.
La pelea por los impuestos sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires.
En la primera conferencia de prensa del año en Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió a responder la ofensiva política que en las últimas semanas impulsaron concejales de La Libertad Avanza en distintos municipios para limitar o eliminar tasas municipales.
Según explicó el funcionario, los proyectos ya aparecieron en más de un centenar de distritos bonaerenses y buscan instalar que la presión fiscal local es uno de los principales obstáculos para la producción.
Bianco rechazó ese diagnóstico y defendió el esquema actual de financiamiento municipal.
“El sistema impositivo tiene impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales”, sostuvo, al tiempo que acusó a los libertarios de generar una “confusión deliberada” al hablar de “impuestos municipales”.
Para respaldar su posición, el ministro citó informes de entidades técnicas y académicas que —según dijo— mostrarían que las tasas municipales tienen un impacto marginal en la economía.
Sin embargo, la discusión está lejos de ser técnica.
El planteo libertario apunta a reducir la presión fiscal que enfrentan comercios, productores e industrias en los municipios. Desde ese espacio sostienen que muchas tasas funcionan en la práctica como impuestos encubiertos, que encarecen la actividad económica y financian estructuras políticas locales.
Del lado del gobierno bonaerense responden que limitar esas tasas implicaría afectar la autonomía municipal y debilitar el financiamiento de servicios locales.
En otras palabras: menos tasas significaría menos recursos para los municipios.
En el fondo, el conflicto revela una discusión más grande que atraviesa toda la política argentina: quién cobra, quién gasta y quién paga la cuenta.
Porque mientras Nación, provincia y municipios se reparten la recaudación, la presión fiscal sigue siendo una de las principales quejas del sector productivo.
Y ahora la batalla política por esos recursos también llegó a los concejos deliberantes.