La ofensiva del Gobierno nacional contra la conducción del fútbol argentino dio un paso decisivo en la Justicia. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos en impuestos y aportes retenidos.
La resolución, firmada el viernes pasado, habilita a los abogados del organismo recaudador —heredero de la ex AFIP— a intervenir activamente en el expediente: podrán acceder a toda la documentación, proponer medidas de prueba y apelar decisiones judiciales. En los hechos, ARCA pasa a ocupar el rol de acusador privado contra la administración que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia.
Una causa que avanza sin receso
El expediente se inició el 12 de diciembre, a partir de una denuncia presentada por el propio organismo fiscal. Allí se alertó que la AFA habría retenido fondos correspondientes a impuestos y contribuciones de los clubes afiliados, pero sin girarlos al Estado.
Tras la presentación, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial impulsó la apertura formal de la investigación e imputó a la cúpula dirigencial de la AFA por el delito de evasión agravada. Ante la magnitud de los montos involucrados y el riesgo de que se perdieran pruebas clave, el juez Amarante resolvió habilitar la feria judicial de enero, una medida excepcional que permitió mantener activo el juzgado durante el receso de verano.
Esta decisión aceleró el trámite del caso y posibilitó, entre otras medidas, la aceptación inmediata de ARCA como querellante.
El monto del presunto perjuicio fiscal
Según la presentación judicial firmada por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal ascendería a $19.353.546.843,85. Las irregularidades detectadas abarcan el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El detalle de la deuda es significativo: más de $8.000 millones corresponden a retenciones del Impuesto a las Ganancias que no fueron ingresadas, mientras que otros $8.600 millones se vinculan con aportes a la Seguridad Social, es decir, descuentos efectuados a empleados de los clubes que tampoco habrían sido transferidos al Estado.
Para el organismo recaudador, no se trata de una deuda común. En su escrito, ARCA sostuvo que la AFA “conocía su obligación, había practicado las retenciones y estaba en condiciones de cumplir con el depósito”, pero aun así decidió no hacerlo. Por ese motivo, calificó la maniobra como una “indebida apropiación de caudales públicos”, al tratarse de fondos que, desde el momento de la retención, pertenecen al Estado.
Tapia, imputado y nuevas medidas
Con la feria judicial habilitada, la causa avanza a ritmo acelerado. El fiscal Navas Rial ya imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia, mientras que el juez Amarante ordenó una serie de medidas para reconstruir la denominada “ruta del dinero”.
Entre ellas, se libraron oficios al Banco Central de la República Argentina y a todas las entidades bancarias que operan con la AFA, con el objetivo de analizar movimientos financieros y determinar si los fondos retenidos fueron utilizados transitoriamente para obtener rendimientos mientras se postergaban las obligaciones fiscales.
La defensa de la AFA, encabezada por el abogado Norberto Frontini, ya se presentó en el expediente, aunque hasta el momento no formuló descargos de fondo ni solicitó medidas de prueba.