La ciudad de La Plata sigue sumida en una crisis de seguridad sin precedentes. A un mes del brutal asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue arrastrada 15 cuadras por dos delincuentes que le robaron el auto a su madre en Altos de San Lorenzo, la conmoción sigue latente y la indignación crece día a día. El crimen no solo dejó al descubierto la impunidad con la que operan los delincuentes en la provincia de Buenos Aires, sino que también desató una nueva crisis política que expuso la inacción del kirchnerismo y la falta de respuestas del gobernador Axel Kicillof ante la ola de violencia que azota a los bonaerenses.
La tragedia de Kim Gómez no es un hecho aislado, sino una muestra más del fracaso del modelo de seguridad que sostiene el gobierno provincial. La violencia se ha convertido en una realidad cotidiana en La Plata y el resto de la provincia, donde los delincuentes actúan con total impunidad mientras las autoridades miran para otro lado. La desidia de Kicillof ha generado un verdadero baño de sangre y su negativa a coordinar esfuerzos con el gobierno nacional demuestra que prefiere anteponer su agenda política antes que proteger a los ciudadanos.
En lugar de brindar soluciones, Kicillof y su círculo kirchnerista se limitaron a atacar al presidente Javier Milei cuando este, con total sentido común, le pidió que renuncie para permitir la intervención federal de la provincia y así frenar la inseguridad descontrolada. Como era de esperarse, la casta política salió en defensa del gobernador, demostrando una vez más que están más preocupados por mantener sus privilegios que por la vida de los bonaerenses.
A nivel local, el intendente Julio Alak también quedó en el ojo de la tormenta por su silencio y falta de acción. La oposición exigió que el secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe, fuera interpelado para explicar qué medidas se están tomando para combatir el crimen en la ciudad. Si bien el oficialismo rechazó la interpelación, Pepe finalmente tuvo que presentarse ante la comisión de Seguridad, donde reconoció que la situación es “crítica” y admitió que existe una preocupante falta de coordinación entre el municipio y la provincia. En otras palabras, Kicillof no brinda el apoyo suficiente en materia de seguridad al municipio.
Mientras tanto, los platenses siguen viviendo con miedo, pagando con su vida el desmanejo de un gobierno provincial que ha demostrado ser incapaz de brindar seguridad. La oposición presentó un proyecto para declarar la emergencia en seguridad pública por un año, lo que permitiría al municipio tomar medidas urgentes para frenar la ola delictiva, pero hasta ahora la respuesta del oficialismo ha sido nula. También se pidió un informe sobre el dinero recaudado en concepto de “Contribución para seguridad” que se abona junto a la Tasa de Servicios Municipales (SUM), ya que no está claro en qué se está gastando ni qué impacto real tiene en la seguridad de la ciudad.
El crimen de Kim Gómez fue la gota que rebalsó el vaso. Su familia, sus amigos y toda la sociedad siguen exigiendo justicia. La imagen de su padre, Marcos, compartiendo sus recuerdos de la pequeña y relatando con dolor cómo hallaron sus medallas y su ropa de gimnasia, es el reflejo más crudo de una inseguridad que se cobra vidas inocentes mientras los responsables políticos se lavan las manos.
Los bonaerenses no pueden esperar más. Kicillof debe hacerse cargo de su fracaso y asumir la responsabilidad por la inseguridad que azota a la provincia. El pueblo exige respuestas y soluciones, no más discursos vacíos ni maniobras políticas para tapar la realidad. La vida de los platenses está en juego y la impunidad no puede seguir siendo la norma en la provincia de Buenos Aires.