Albertina Mangini fue detenida en La Plata e imputada por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado. Prestaba funciones en el Patronato de Liberados bonaerense, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial.
Una funcionaria que se desempeñaba en el Patronato de Liberados bonaerense fue detenida en La Plata en el marco de una investigación por una presunta organización dedicada a la defraudación y el lavado de activos que habría movilizado alrededor de $27.000 millones en apenas un año.
La acusada fue identificada como Albertina Mangini. Según la información surgida de la causa, integra la Procuración General bonaerense y se encontraba prestando funciones en comisión en el Patronato de Liberados, un organismo descentralizado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
La investigación está encabezada por la fiscal Betina Lacki y Mangini se encuentra imputada por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado. Junto a ella también fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la organización habría utilizado una modalidad conocida como “pitufeo” o smurfing, que consiste en fragmentar grandes movimientos de dinero en numerosas operaciones de menor monto para dificultar su detección. Para hacerlo se habrían utilizado billeteras virtuales abiertas a nombre de terceros.
Uno de los aspectos más delicados de la investigación es el presunto uso de datos de personas en situación de vulnerabilidad. Según la acusación, algunas habrían recibido alrededor de $80.000 a cambio de facilitar información personal y biométrica utilizada posteriormente para abrir las cuentas por las que circulaba el dinero.
La fiscalía también investiga si parte de los fondos terminaba canalizada hacia un casino online ilegal con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero y presentarlo posteriormente como ganancias provenientes del juego.
Tras ser detenidos, Mangini y Perrota hicieron uso de su derecho a no declarar, mientras que Marchioni sí respondió preguntas durante la indagatoria. La fiscalía deberá avanzar ahora con las próximas medidas procesales y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
El caso tiene además una dimensión institucional para la Provincia. Uno de los lugares donde Mangini prestaba funciones —el Patronato de Liberados— depende formalmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del gobierno bonaerense.
La investigación deberá establecer ahora cómo funcionaba la presunta estructura, cuál era el origen de los $27.000 millones investigados y si existieron otras responsabilidades. Al mismo tiempo, el expediente abre interrogantes sobre los mecanismos internos de supervisión y control de un organismo provincial que trabaja precisamente con personas sometidas a supervisión judicial.