El diputado provincial busca terminar con una traba recaudatoria que obliga a los bonaerenses a pagar deudas para poder renovar su licencia de conducir.
El diputado provincial de La Libertad Avanza Juanes Osaba presentó un proyecto de ley para impedir que las multas, los tributos y las tasas administrativas sean utilizados como una barrera para obtener o renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa propone modificar el artículo 8.º de la Ley Provincial de Tránsito N.º 13.927 y establecer que ninguna autoridad provincial o municipal pueda exigir un libre deuda como condición para iniciar, tramitar, otorgar, renovar o solicitar un duplicado del registro.
El proyecto impulsado por Osaba apunta a terminar con una práctica que transforma un trámite destinado a verificar la capacidad para manejar en un mecanismo de presión recaudatoria. La propuesta no elimina las multas ni impide que el Estado las cobre: obliga a que lo haga por las vías legales correspondientes y sin tomar la licencia de conducir como rehén.
“El registro de conducir es para manejar, no para recaudar. Si una multa corresponde, que el Estado la cobre por las vías legales, pero no impidiendo que un vecino pueda renovar su licencia como mecanismo de extorsión para agrandar la caja”, sostuvo Osaba.
La modificación también establece que las actas de comprobación, las infracciones en trámite y las multas impagas que no tengan sentencia firme y ejecutoriada no podrán bloquear el otorgamiento o la renovación de la licencia.
En esos casos, el organismo emisor podrá informar al conductor sobre el estado de sus antecedentes, pero esa notificación será únicamente informativa y no podrá convertirse en un impedimento para completar el trámite.
La iniciativa deja expresamente a salvo las sanciones firmes y las inhabilitaciones para conducir. Es decir, una persona que se encuentre legalmente inhabilitada seguirá sin poder obtener el registro. Lo que busca Osaba es separar las sanciones vinculadas con la seguridad vial de las deudas que el Estado pretende cobrar.
De esta manera, el proyecto no borra infracciones, no perdona multas ni beneficia a quienes tienen prohibido manejar. Por el contrario, establece un criterio claro: la licencia debe acreditar que una persona está capacitada y habilitada para conducir, mientras que las obligaciones económicas deben reclamarse mediante los procedimientos previstos por la ley.
“Hoy muchos bonaerenses llegan a renovar el registro y descubren que el trámite quedó condicionado al pago de multas. Eso no mejora la seguridad vial, solo convierte la licencia en una herramienta de recaudación”, afirmó el legislador libertario.
En los fundamentos del proyecto se señala que ni la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 ni la Ley Provincial N.º 13.927 incluyen el libre deuda como requisito para renovar la licencia. La exigencia habría surgido de una disposición reglamentaria contenida en el Decreto provincial N.º 532/09.
Osaba plantea que el Estado ya cuenta con herramientas, como el juicio de apremio, para cobrar multas con sentencia firme. Por eso, considera que condicionar la renovación del registro no responde a una política de seguridad vial, sino a una lógica recaudatoria que afecta directamente a los vecinos.
El proyecto también propone derogar cualquier reglamento o disposición municipal que contradiga este criterio. La iniciativa deberá comenzar ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados bonaerense.