Italia, Finlandia y Dinamarca reclamaron revisar la permanencia de España en el espacio Schengen, mientras Francia reforzó sus controles fronterizos. La llegada masiva de inmigrantes ilegales marroquíes profundizó el cuestionamiento europeo a la política migratoria del Gobierno español.
La llegada irregular de entre 50.000 y 60.000 inmigrantes ilegales desde Marruecos a Ceuta provocó una crisis fronteriza y abrió un conflicto político dentro de Europa. La mayoría serían jóvenes marroquíes, provenientes de un país cuya población es ampliamente musulmana, aunque no existe un registro oficial sobre la religión de cada persona que cruzó.
El episodio fue definido por sectores políticos críticos como una invasión islámica, una expresión utilizada para vincular la magnitud del ingreso con el origen cultural y religioso de los migrantes. Las autoridades españolas, en cambio, hablan de una crisis migratoria y humanitaria sin precedentes recientes.
Italia, Finlandia y Dinamarca plantearon excluir o suspender temporalmente a España del espacio Schengen, el sistema europeo de libre circulación. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que la inmigración clandestina descontrolada representa una amenaza para la seguridad de las fronteras europeas y aseguró que su Gobierno evalúa medidas extraordinarias.
El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, responsabilizó a las políticas migratorias de Madrid y sostuvo que la regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez habría generado un “efecto llamada”. La ministra del Interior de Finlandia, Mari Rantanen, afirmó que España “ha fracasado completamente” en la protección de la frontera exterior de Schengen.
Dinamarca también pidió que la Unión Europea considere todas las alternativas disponibles. Su primera ministra, Mette Frederiksen, advirtió que la inmigración descontrolada supone una amenaza tanto para Europa como para su país. Suecia exigió a Madrid recuperar el control de Ceuta y Francia activó controles más estrictos en su frontera con España.
Pedro Sánchez viajó a Ceuta y calificó lo sucedido como una violación de la integridad territorial española. Madrid desplegó efectivos militares y policiales, reforzó la vigilancia marítima y coordinó con Marruecos el retorno de los migrantes. Según el Ministerio del Interior español, alrededor de la mitad de quienes ingresaron ya regresaron al territorio marroquí.
El Gobierno español también rechazó las acusaciones de Italia y convocó al embajador italiano. El canciller José Manuel Albares calificó las declaraciones de Roma como inapropiadas y reclamó solidaridad europea frente a la emergencia.
La eventual expulsión de España de Schengen no puede ser decidida unilateralmente por otro país. Los Estados miembros sí pueden restablecer temporalmente controles en sus fronteras interiores ante una amenaza grave para el orden público o la seguridad, una medida excepcional que Francia ya comenzó a aplicar.
La crisis de Ceuta dejó expuestas las diferencias dentro de Europa sobre inmigración y control fronterizo. Mientras España busca contener las llegadas y acelerar los retornos, un número creciente de gobiernos europeos reclama medidas más estrictas y responsabiliza a la administración de Sánchez por no haber protegido adecuadamente la frontera exterior del continente.