El concejal libertario presentó un proyecto para que todos los funcionarios jerárquicos de la Municipalidad deban superar una evaluación psicolaboral. La iniciativa surgió tras el caso de Federico Hernán Pez, exdirector de la gestión de Julio Alak detenido y acusado de abuso sexual y violencia de género.
El concejal libertario Gastón Álvarez presentó un proyecto para establecer evaluaciones psicolaborales obligatorias a quienes aspiren a ocupar cargos jerárquicos en la Municipalidad de La Plata. La iniciativa es una respuesta directa al caso de Federico Hernán Pez, funcionario de la gestión de Julio Alak detenido y acusado de abuso sexual y violencia de género contra trabajadoras municipales.
Pez se desempeñaba como director de Información Territorial y tenía personal bajo su conducción. Fue detenido después de que su expareja denunciara una agresión y quedó imputado por lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género, en concurso real con abuso sexual. Además, otras dos empleadas municipales lo denunciaron por hechos similares, según la información difundida sobre la causa. Tras conocerse su situación judicial, el Municipio resolvió desvincularlo. El caso continúa bajo investigación de la Justicia bonaerense.
El episodio se suma a una extensa lista de funcionarios y dirigentes kirchneristas acusados por hechos de abuso sexual o violencia de género. Entre los casos más relevantes aparecen el expresidente Alberto Fernández, procesado en la causa iniciada por Fabiola Yáñez; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, enviado a juicio por presunto abuso sexual; y el exgobernador y exsenador José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual.
Frente a esta sucesión de casos, Álvarez impulsó una respuesta institucional concreta para evitar que personas sin aptitudes para ejercer autoridad lleguen a puestos de conducción dentro del Estado municipal. La propuesta parte de una premisa: para dirigir empleados y administrar recursos públicos no alcanza con tener conocimientos técnicos o contactos políticos.
El proyecto complementa, dentro del ámbito municipal, lo dispuesto por la Ley provincial 14.656. La iniciativa amplía el concepto de idoneidad e incorpora una evaluación específica destinada a determinar si el postulante posee estabilidad emocional, capacidad de liderazgo, aptitudes para conducir equipos y condiciones para ejercer responsablemente la autoridad.
La evaluación será obligatoria antes de la designación y alcanzará a secretarios, subsecretarios, directores generales, directores, coordinadores, jefes de departamento y jefes de división. También comprenderá cualquier función equivalente que implique conducción de personal, control, fiscalización, administración de recursos públicos o decisiones de especial responsabilidad institucional.
El procedimiento estará a cargo de una Junta Interdisciplinaria de Aptitud, integrada por profesionales habilitados. El organismo deberá analizar la autorregulación emocional, la tolerancia a la presión, el manejo de conflictos, las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo, el respeto por las normas y la capacidad para tomar decisiones.
Uno de los puntos centrales será la identificación de indicadores de riesgo relacionados con el abuso de poder, la violencia laboral, el acoso, el hostigamiento y otras conductas incompatibles con el desempeño de funciones jerárquicas. Para ello, deberán utilizarse instrumentos técnicos y protocolos científicamente validados.
El dictamen será vinculante para la autoridad encargada de realizar el nombramiento. Si la Junta determina que el postulante no es apto, no podrá asumir el cargo. La persona evaluada tendrá derecho a solicitar, por única vez, una nueva evaluación ante profesionales diferentes de quienes emitieron el primer resultado.
La iniciativa también habilita la realización de reevaluaciones periódicas o cuando existan razones objetivas relacionadas con el desempeño del funcionario. De esta manera, el control no quedará limitado al momento del ingreso, sino que podrá aplicarse frente a situaciones concretas ocurridas durante el ejercicio del cargo.
El proyecto establece garantías de confidencialidad y aclara que el procedimiento no tendrá como finalidad realizar diagnósticos clínicos o psiquiátricos. Su objetivo será exclusivamente determinar la aptitud funcional para ocupar un puesto de conducción y prevenir situaciones de violencia dentro de la estructura municipal.
Con la propuesta, Álvarez busca transformar un grave episodio ocurrido dentro de la gestión de Alak en una política preventiva permanente. El objetivo es profesionalizar los nombramientos, proteger a los trabajadores municipales y evitar que los cargos públicos sean ocupados sin controles adecuados sobre la capacidad para ejercer autoridad.
En caso de ser aprobada, el Departamento Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para reglamentar la ordenanza y establecer los protocolos técnicos necesarios para su implementación.