La investigación por el presunto desvío de fondos en la Legislatura bonaerense avanza con pedidos de condena y más de 50 imputados. Entre ellos, aparecen familiares directos de la edil berissense. La información fue publicada por Border Periodismo.
La causa conocida como “Chocolate” Rigau volvió a tomar impulso en las últimas horas tras la audiencia en la que la fiscal de juicio Viviana Arturi formalizó pedidos de condena para los principales acusados. En paralelo, el expediente empieza a tener derivaciones políticas en la región: el nombre de la concejal de Berisso, Laura Fernández, quedó en el centro de la escena por la aparición de familiares directos entre los imputados.
De acuerdo a lo publicado por Border Periodismo, dentro del listado de más de 50 acusados figuran Antonio Javier Rodríguez, esposo de la edil, y Aldana Ayelén Rodríguez, su cuñada. Ambos están señalados dentro del grupo de personas que habrían participado del circuito de extracción de dinero mediante tarjetas de débito.
El mecanismo: empleados “fantasma” y retiros en efectivo
Según la investigación judicial, el esquema consistía en la creación de supuestos empleados dentro de la Cámara de Diputados bonaerense, quienes en realidad no cumplían funciones. A su nombre se abraban cuentas bancarias y se emitían tarjetas que luego eran utilizadas para retirar dinero en efectivo.
Esos fondos, siempre según la acusación, eran recolectados por integrantes de la organización. El circuito habría movilizado cientos de millones de pesos, configurando uno de los casos más resonantes de presunta corrupción en la provincia en los últimos años.
En la cúspide de la maniobra aparecen Julio “Chocolate” Rigau, junto a Claudio Albini y su hijo Facundo Albini, señalados como los organizadores del sistema.
Pedidos de prisión y posibles acuerdos
Durante la audiencia, la fiscal Arturi solicitó penas de entre 4 y 6 años de prisión para los principales acusados, mientras que para el resto —identificados en su mayoría como “tarjeteros”— pidió condenas de ejecución condicional.
El planteo abre la puerta a eventuales juicios abreviados o acuerdos que podrían evitar el debate oral, en un expediente complejo tanto por la cantidad de imputados como por el volumen de pruebas.
Sin detenidos en cárceles comunes
Uno de los puntos más polémicos del caso es que ninguno de los imputados se encuentra en una cárcel común. Los principales acusados cumplen arresto domiciliario con monitoreo electrónico, mientras que el resto transita el proceso en libertad.
La situación genera cuestionamientos en torno al tratamiento judicial de una causa que investiga el manejo irregular de fondos públicos.
Repercusiones en Berisso
La aparición de los familiares de Laura Fernández en el expediente introduce un factor de tensión política en Berisso, donde la concejal queda expuesta por la cercanía con dos de los imputados.
Si bien no pesa ninguna acusación directa sobre la edil, el vínculo familiar mencionado por Border Periodismo instala interrogantes y proyecta el impacto del caso más allá de los tribunales de La Plata.
Un juicio sin fecha y un caso abierto
La causa ya fue elevada a juicio oral y quedó radicada en el Tribunal Oral Criminal V de La Plata, aunque todavía no tiene fecha de inicio.
En ese escenario, el expediente avanza entre pedidos de condena, posibles acuerdos y una certeza incómoda: el caso Chocolate ya dejó de ser solo judicial para convertirse, también, en un problema político.