El Municipio avanzó con la municipalización del servicio en barrios periféricos, pero concejales opositores piden explicaciones por posibles reducciones en la recolección. El debate pone el foco en la calidad real del servicio.
La recolección de residuos en La Plata quedó en el centro de una nueva disputa política. La decisión del intendente Julio Alak de municipalizar el servicio en nueve localidades de la periferia activó un pedido de informes por parte del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante.
El planteo apunta a un punto sensible: si el cambio implicó una mejora o, por el contrario, una reducción en la frecuencia de recolección. Los concejales piden precisiones sobre quién tomó esas decisiones —si la empresa ESUR o el propio Municipio— y si se trata de un esquema transitorio o definitivo.
El trasfondo es concreto. En varios barrios alcanzados por el nuevo sistema —como Olmos, Romero o Abasto— comenzaron a circular quejas por irregularidades en el servicio, con acumulación de residuos en la vía pública. La oposición advierte que cualquier alteración en un servicio esencial impacta directamente en la higiene urbana y el riesgo sanitario.
Desde el Ejecutivo, en cambio, sostienen que la municipalización busca “optimizar” la prestación. El nuevo esquema, vigente desde el 1° de abril, establece recolección diaria con una franja horaria unificada y una flota de 14 camiones operados por delegaciones y cooperativas.
El cambio también redefine el mapa del servicio: mientras el Municipio asume la periferia, ESUR continúa operando en el casco urbano y otras localidades, en algunos casos incluso con mayor frecuencia que antes.
Entre promesas de eficiencia y denuncias de recortes, la basura se transformó en un termómetro político. Y en La Plata, cuando el servicio falla, el problema deja de ser técnico para volverse visible —y cada vez más difícil de tapar.