Un fallo de 140 páginas expone cómo la AFA habría usado al Estado como “financista”. La Justicia sostiene que la entidad tenía liquidez suficiente, pero optó por postergar pagos y hacer negocios con esos fondos.
La Justicia avanzó contra la conducción de la AFA y dejó una conclusión incómoda: no fue incapacidad económica, fue decisión. El juez Diego Amarante procesó a Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes por retención indebida de aportes, tras reconstruir el movimiento financiero de la entidad.
El fallo describe un esquema claro. Mientras acumulaban deudas con el fisco, la AFA operaba con montos millonarios: transferencias internas, ingresos desde el exterior, compra y venta de dólar MEP y colocaciones en plazos fijos. Para el juez, no había urgencia financiera, sino una estrategia deliberada de refinanciamiento.
Los números refuerzan esa hipótesis. Solo en operaciones con activos del exterior, la AFA movió más de $12.000 millones en un mes. A eso se suman ingresos constantes por patrocinios de empresas como Disney, Adidas e YPF, que dejaron decenas de miles de millones en las cuentas de la entidad.
El punto más sensible aparece en las inversiones. La AFA tenía más de $31.000 millones colocados en plazos fijos, generando intereses millonarios. En algunos períodos, esos intereses alcanzaban —e incluso superaban— las deudas impositivas pendientes. Es decir: la plata para pagar estaba, pero rendía más no pagar.
En paralelo, la entidad distribuía fondos a clubes afiliados con transferencias millonarias, lo que para la Justicia refuerza la idea de liquidez sostenida. No había restricción financiera: había margen de maniobra.
El expediente también detalla cómo la AFA utilizó planes de pago con el Estado no como herramienta de emergencia, sino como mecanismo sistemático para diferir obligaciones y seguir operando con ese dinero.
El fallo será apelado, pero deja instalada una discusión incómoda: cuando una institución con ingresos multimillonarios decide financiarse postergando impuestos, el problema ya no es económico. Es político.