El país europeo avanza con una reforma que redefine el trabajo sexual online y endurece las reglas en el entorno digital. Entre la protección y el control, el debate ya cruzó fronteras.
Andorra decidió meterse en uno de los debates más incómodos de la era digital: qué hacer con el contenido sexual pago en internet. La reforma de su Código Penal propone algo concreto y polémico: considerar prostitución cualquier interacción sexual remunerada online, incluyendo plataformas como OnlyFans.
La iniciativa, impulsada por la ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, no se queda en lo simbólico. Prevé sanciones tanto para quienes producen como para quienes consumen este tipo de contenido, y penas de hasta cinco años de prisión en casos de proxenetismo o intermediación.
El argumento oficial apunta a combatir la violencia digital y la vulneración de la intimidad. En ese marco, la reforma también endurece las penas por difusión de imágenes íntimas sin consentimiento —incluyendo material generado con inteligencia artificial— y tipifica como acoso el envío de contenido sexual no solicitado.
Pero el cambio va más allá de las plataformas. El nuevo texto eleva la edad de consentimiento sexual de 14 a 16 años (con excepciones entre jóvenes) y refuerza las sanciones contra la pornografía infantil.
El punto de fricción está claro: dónde termina la protección y dónde empieza la intervención estatal en la vida digital. Mientras el gobierno habla de regulación necesaria, críticos advierten que la medida puede empujar estas actividades a la clandestinidad o abrir un precedente incómodo para otras economías digitales.
El proyecto aún debe ser aprobado formalmente, pero el mensaje ya está sobre la mesa: lo que pasa en internet, para Andorra, dejó de ser un terreno aparte. Y ahora la discusión es otra: si esto es el inicio de una regulación global… o el primer paso hacia un control más profundo de la vida online.