La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que obligaba al país a pagar una cifra récord por la expropiación de 2012. El giro cambia el tablero de uno de los juicios más grandes contra un Estado soberano.
En un fallo que reconfigura por completo el caso YPF, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló la condena que obligaba a Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012.
La decisión revierte la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska y establece que los reclamos de los accionistas no son admisibles bajo el derecho argentino. En lo central, los jueces consideraron que la ley de expropiación aprobada por el Congreso prevalece sobre el estatuto de la empresa, eje clave del litigio.
El fallo fue dividido (2 a 1), pero suficiente para desarmar el escenario que hasta ahora ponía al país frente a la mayor condena económica de su historia en tribunales internacionales.
Detrás de la demanda estaba el fondo Burford Capital, que había comprado los derechos del litigio y monetizado el caso durante años. Tras la decisión, su acción se desplomó más de 40%, reflejando el impacto inmediato del revés judicial.
El proceso, que atravesó cuatro gobiernos —de Cristina Fernández de Kirchner a Javier Milei—, siempre tuvo un trasfondo político además del jurídico: la discusión sobre los costos y la forma de la expropiación impulsada por el entonces ministro Axel Kicillof.
Aunque el fallo representa el mejor escenario posible para Argentina —pasar de pagar miles de millones a no pagar nada—, el caso no está cerrado. Los demandantes aún pueden pedir una revisión ampliada del tribunal o intentar llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque son instancias poco frecuentes.
La resolución cambia la relación de fuerzas en uno de los litigios más sensibles del país. Pero deja una pregunta abierta: si el riesgo legal era tan alto, ¿quién paga el costo político de haber llevado el conflicto hasta este punto?