Tras el acuerdo con Estados Unidos, el Gobierno modificó el esquema de patentes farmacéuticas. Apunta a alinearse con estándares internacionales y atraer inversiones, pero redefine el juego para la industria local.
El Gobierno nacional oficializó un cambio clave en el sistema de patentes de medicamentos en la Argentina. A través de la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por los ministerios de Salud y Economía junto al INPI, se derogaron las pautas específicas que regían desde 2012 para la patentabilidad en el sector farmacéutico.
La decisión se da en el marco del acuerdo comercial firmado en febrero con Estados Unidos, que incluía como uno de sus puntos la “modernización” del sistema de propiedad intelectual. En concreto, implica que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial volverá a evaluar las patentes caso por caso, aplicando criterios generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
Desde el Gobierno lo presentan como un paso hacia la integración global. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró que “Argentina vuelve al mundo” y destacó que el nuevo esquema brinda previsibilidad y seguridad jurídica para atraer innovaciones.
El cambio también implica una mayor convergencia con estándares internacionales y la posibilidad de agilizar el reconocimiento de desarrollos farmacéuticos. Según la visión oficial, esto podría facilitar la llegada de nuevas tecnologías y medicamentos al país.
Sin embargo, la medida redefine el escenario competitivo para la industria local, especialmente en un sector históricamente atravesado por el debate entre acceso, costos e innovación.
El Gobierno asegura que los medicamentos ya disponibles no se verán afectados y que la norma rige hacia adelante. Pero el nuevo esquema abre una discusión de fondo: en un mercado sensible como el de la salud, ¿cómo se equilibra la innovación con el acceso?