Instituciones educativas de la provincia advierten que las tasas municipales están generando un fuerte impacto en sus costos. El sector pide autorización para actualizar los aranceles y alerta por el riesgo financiero de muchas escuelas.
Las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires encendieron una nueva alarma. A través de un comunicado, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) cuestionó el impacto que están teniendo algunas tasas municipales sobre las instituciones educativas y pidió autorización para aumentar las cuotas.
El reclamo se volvió más fuerte luego de una ordenanza aprobada en el municipio de Pilar. Allí el Concejo Deliberante dispuso un aumento del 100% en la tasa de seguridad e higiene y creó una contribución adicional de $7.500 mensuales por cada empleado de las PyMEs. Las escuelas privadas también quedan alcanzadas por esa medida.
Desde el sector advierten que el impacto puede ser significativo porque los colegios tienen planteles grandes. Según explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA, una escuela privada no funciona como una empresa típica: “Una institución educativa suele tener entre 60 y 120 trabajadores”.
Con esa estructura laboral, los cálculos del sector indican que una escuela de tamaño medio podría terminar pagando entre $1,5 y $2 millones por mes en tasas municipales. En términos anuales, eso podría superar los $20 millones.
Las entidades del sector temen que este tipo de medidas se replique en otros distritos bonaerenses. Si eso ocurre, aseguran, el impacto económico podría multiplicarse para las instituciones educativas.
A esto se suma otra tensión: el aumento salarial docente acordado en la provincia. Las escuelas privadas deben afrontar esos incrementos, pero en muchos casos necesitan autorización del gobierno bonaerense para trasladar parte de esos costos a las cuotas.
Hoy el sistema educativo privado en la provincia representa cerca del 30% de la cobertura escolar y reúne a más de 1,3 millones de alumnos. Además, alrededor del 70% de las instituciones reciben algún tipo de aporte estatal, lo que implica que los ajustes en los aranceles están regulados.
En los últimos años, varias escuelas privadas ya cerraron sus puertas, mientras otras sobreviven endeudándose o tomando créditos para pagar sueldos y cargas sociales.
Con nuevas tasas municipales sobre la mesa y cuotas que necesitan autorización para subir, la pregunta que empieza a circular entre directivos y familias es inevitable: si los costos siguen creciendo, ¿quién absorbe la diferencia?