La Cámara en lo Penal Económico comenzó a analizar dos pedidos clave del presidente de la AFA: el sobreseimiento en la causa por una millonaria deuda impositiva y el levantamiento de la prohibición para salir del país. La discusión mezcla fútbol, impuestos y una interpretación muy particular de la ley.
La Justicia empezó a mover una causa que pone bajo la lupa al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, investigado por la presunta retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales.
La Cámara en lo Penal Económico fijó audiencias para este jueves y para la semana próxima. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio deberán decidir dos cuestiones centrales: si corresponde levantar la prohibición de salida del país que pesa sobre Tapia y si hay fundamentos para cerrar la causa con un sobreseimiento.
El jueves se discutirá la restricción para viajar al exterior, una decisión que tomó el juez Diego Amarante, quien lleva adelante la investigación. La audiencia coincidirá con la indagatoria de Tapia, que será la última de los cinco dirigentes de la AFA convocados por la Justicia.
La causa se inició en diciembre tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo detectó que la AFA no habría pagado Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales en distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre del año pasado.
Además de Tapia, fueron citados el tesorero Pablo Toviggino, el gerente general Gustavo Lorenzo, el ex secretario general Víctor Blanco y la actual secretaria general Cristina Malaspina.
Los primeros dirigentes que declararon optaron por una estrategia similar: presentaron escritos donde sostienen que, por sus cargos, no eran responsables directos del pago de los tributos.
Pero el argumento más fuerte de la defensa va por otro lado.
Según los abogados de Tapia, no habría delito porque existen resoluciones vigentes de ARCA y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales contra asociaciones civiles sin fines de lucro, categoría en la que entra la AFA.
La lógica que plantean es simple:
si la deuda no se puede ejecutar, entonces no se puede reclamar penalmente.
El juez Amarante no aceptó ese razonamiento y rechazó el pedido de sobreseimiento. La defensa apeló, y ahora será la Cámara la que deba decidir.
Mientras tanto, la causa sigue su curso y el magistrado deberá resolver en las próximas semanas si procesa a los dirigentes, los sobresee o dicta falta de mérito.
El punto incómodo queda flotando en el aire:
la AFA administra el fútbol más poderoso del país… pero discute en tribunales si debe o no pagar impuestos por casi 20 mil millones de pesos.
Y ahora la Justicia deberá responder una pregunta bastante más grande que un simple viaje al exterior:
si lo que pasó fue un vacío legal… o algo bastante más serio.