Docentes, judiciales y ahora ATE confirmaron medidas de fuerza para el 2 de marzo. El inicio del ciclo lectivo y la actividad administrativa quedarán atravesados por una protesta que mezcla reclamos salariales y disputas políticas.
El 2 de marzo no será un día normal en la provincia de Buenos Aires. ATE anunció que también irá al paro y se sumará a la medida ya definida por el Frente de Unidad Docente Bonaerense y la Asociación Judicial Bonaerense. El resultado: paralización casi total de la administración pública y escuelas sin inicio de clases.
El gremio que conduce Claudio Arévalo justificó la decisión en la pérdida de poder adquisitivo de los estatales y el rechazo al último aumento ofrecido en paritaria por el Gobierno provincial. Además, apuntó contra la administración nacional, a la que responsabiliza por el ajuste, los tarifazos y la quita de fondos.
Entre los argumentos, ATE mencionó que la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó un 593% en dos años y que el nivel general de precios subió 200%. También reclamó recategorizaciones, pase a planta permanente de trabajadores temporarios y la derogación de la resolución 293.
Sin embargo, más allá del cruce Nación–Provincia, el dato concreto es otro: por primera vez en este mandato, las clases no comenzarán en tiempo y forma y el funcionamiento estatal quedará afectado en todo el territorio bonaerense.
El FUDB exige la restitución del Incentivo Docente y la convocatoria a la paritaria nacional, además de mejoras salariales provinciales. La AJB, por su parte, reclama una oferta que permita empatarle a la inflación y recuperar lo perdido el año pasado.
El conflicto deja una escena conocida: sindicatos que endurecen su postura, un gobierno provincial presionado y millones de familias pendientes de si el calendario escolar se cumple o vuelve a quedar en pausa.
La pregunta que queda flotando no es sólo salarial. Es política: ¿la huelga es una herramienta de presión legítima o el primer capítulo de un año atravesado por la disputa y la parálisis?