La Justicia citó a declaración indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y a otros directivos por presunta apropiación indebida de aportes impositivos y previsionales. La causa investiga 69 hechos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros miembros de la comisión directiva en el marco de una causa que investiga la presunta retención indebida de $19.353.546.843,85.
Según la denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la AFA habría actuado como agente de retención —descontando IVA, Ganancias y aportes a la seguridad social— pero no habría depositado esos fondos en tiempo y forma entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En total, se investigan 69 hechos independientes.
Entre los montos desglosados figuran más de $663 millones en IVA, casi $2.000 millones en Ganancias, más de $8.000 millones bajo el régimen del artículo 79 y otros $8.675 millones en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 aparece como el mes con mayor cifra acumulada, con más de $2.850 millones.
El juez consideró que existen “motivos suficientes para sospechar” la participación de los directivos y, además de citarlos a declarar los días 5, 6 y 9 de marzo, les prohibió salir del país. La resolución alcanza a la AFA como entidad y a la totalidad de la conducción.
Uno de los ejes centrales del expediente es la presunta capacidad financiera de la AFA durante el período investigado. La querella sostiene que la entidad registró importantes acreditaciones bancarias —incluyendo más de $45.000 millones en diciembre de 2024— y constituyó plazos fijos en pesos y dólares, lo que, según la acusación, descarta una imposibilidad material de pago.
La defensa de la AFA ya apeló ante la Cámara el rechazo a un pedido de sobreseimiento. La causa recién atraviesa su etapa preliminar y la indagatoria constituye el primer acto formal en el que los imputados pueden ejercer su derecho de defensa.
El expediente abre una pregunta incómoda en el fútbol argentino: si los fondos retenidos no pertenecen a la entidad sino al fisco y a los trabajadores, ¿cómo se explica una omisión que, según la hipótesis fiscal, se habría extendido durante 19 meses consecutivos?
La pelota ahora está en la Justicia. Y el resultado, esta vez, no se define en la cancha.