La histórica fabricante de neumáticos anunció su cierre definitivo y el Gobierno encuadra el caso como parte de una “reconversión industrial”. La CGT responde con paro y la tensión escala justo cuando se debate la reforma laboral en Diputados.
Fate, una de las marcas más reconocidas del mercado argentino de neumáticos, anunció el cierre definitivo de sus plantas. La empresa de la familia Madanes Quintanilla era la más fuerte en el mercado de reposición, por encima de Bridgestone y Pirelli, lo que convirtió la noticia en un impacto industrial y político inmediato.
En la Casa Rosada no sorprendió el desenlace. Sostienen que la crisis venía de arrastre: años de conflictividad gremial, leyes laborales “arcaicas” y restricciones cambiarias. Recuerdan el plan preventivo de crisis pedido en 2019 y el estancamiento salarial de los últimos 14 meses como señales de un deterioro previo.
La frase más fuerte llegó desde la cúpula del Ejecutivo: “Una parte de la política y de los sindicatos con ideología extrema llevaron a la empresa a una situación terminal”. La referencia apunta directamente al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), conducido por Alejandro Crespo, protagonista de los duros conflictos de 2022 que paralizaron la producción nacional.
El timing no es menor. El cierre se conoce el mismo día en que Diputados dictamina la reforma laboral impulsada por el oficialismo y horas antes de que la CGT confirme un paro nacional. El Gobierno vincula el caso Fate con la necesidad de cambios estructurales; la central sindical lo interpreta como prueba del ajuste y la apertura importadora.
Desde el oficialismo encuadran el proceso bajo la lógica “schumpeteriana” de la destrucción creativa: se eliminan empleos improductivos para dar lugar a nuevas actividades más competitivas. El propio Presidente celebró días atrás la pérdida de una licitación de Techint frente a una firma india como símbolo de “la nueva Argentina”.
Sin embargo, los números muestran una transición con costos: el empleo privado registrado cayó 0,2% en noviembre (13.100 puestos menos) y hay casi 22.000 empresas menos con empleados respecto a diciembre de 2023, según datos oficiales.
Mientras el Gobierno apuesta fuerte a sectores como minería, energía y agro —con anuncios como la inversión de USD 18.000 millones en San Juan—, industrias tradicionales del conurbano y el interior enfrentan el desafío de competir con importaciones de Brasil y China.
La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿el tiempo entre el cierre de las viejas fábricas y la llegada de la “nueva Argentina” será lo suficientemente corto como para evitar una crisis social mayor? La respuesta empieza a jugarse en el Congreso… y en la calle.