La central obrera endurece su postura frente al Gobierno y confirmó una huelga de 24 horas cuando la Cámara Baja discuta la reforma laboral. El recorte salarial por enfermedad fue el punto que desató la reacción.
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei. La medida será por 24 horas y coincidirá con el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
La decisión se tomó en una reunión virtual del Consejo Directivo cegetista, convocada de urgencia ante la posibilidad de que la sesión se realice esta semana. Aunque inicialmente la conducción sindical evaluaba una estrategia más moderada para intentar cambios en el proyecto, terminó optando por una demostración de fuerza nacional.
Esta vez no habrá movilización al Congreso. La apuesta es otra: paralizar el país. Y el dato que cambia el escenario es el respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de colectiveros, que suele ser reticente a sumarse a los paros generales. Tras contactos directos con la conducción cegetista, confirmó que adherirá. Con colectivos, trenes, subtes, camioneros y aeronavegantes plegados, el impacto promete ser fuerte.
El punto que aceleró el conflicto fue el artículo 44 del proyecto, aprobado en el Senado, que reduce el salario en casos de enfermedad o accidente no laboral: 50% del sueldo, con posibilidad de 75% en determinadas circunstancias. En la CGT aseguran que esa cláusula no formaba parte de lo discutido originalmente y la consideran una regresión de derechos.
Desde el Gobierno reconocen que el artículo generó ruido y evalúan alternativas para corregirlo vía reglamentación si la ley se aprueba. Mientras tanto, el discurso oficial apunta a combatir “certificados truchos” y abusos en las licencias médicas, aunque dejó abierta la posibilidad de contemplar casos de enfermedades graves.
La tensión no se limita a ese punto. La central obrera cuestiona también cambios en indemnizaciones, límites al derecho de huelga en servicios esenciales, banco de horas y restricciones a asambleas sindicales. Incluso ya anticipa una ofensiva judicial si la reforma se convierte en ley, al considerar que vulnera principios constitucionales y tratados internacionales.
El escenario es claro: el oficialismo busca aprobar la reforma cuanto antes; la CGT responde con paro total y amenaza judicial. Sin marcha, pero con país frenado. La pregunta que queda flotando es si esta pulseada será una demostración de fuerza aislada o el inicio de una nueva etapa de conflicto abierto entre el Gobierno y el sindicalismo.