El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad por liderar una asociación ilícita que direccionaba compras públicas con retornos. La causa nació por audios filtrados, pero avanzó con pruebas independientes y dejó una advertencia inquietante: el esquema podría no terminar acá.
La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad dio un salto clave. El juez Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a la adjudicación indebida de contrataciones públicas, con sobreprecios y coimas. La decisión alcanza a otros 18 acusados entre funcionarios y empresarios del rubro farmacéutico.
Según la resolución, la ANDIS fue “cooptada” para funcionar como una vía de enriquecimiento privado, en desmedro de su finalidad central: la protección de personas con discapacidad. El fallo describe un “sistema de retornos” mediante el cual droguerías recompensaban a funcionarios por direccionar compras de medicamentos, muchas veces amparadas en situaciones de emergencia para evitar licitaciones.
El expediente se inició tras la filtración de audios explosivos el año pasado, donde una voz atribuida a Spagnuolo hablaba sin rodeos de internas y robos. Las defensas intentaron voltear la causa alegando nulidades por la ilegalidad de esas grabaciones. Casanello rechazó esos planteos: sostuvo que los procesamientos se apoyan en expedientes, testimonios y documentación, no en los audios como prueba directa.
La resolución —de más de 300 páginas— identifica una estructura jerárquica clara. Además de Spagnuolo, fueron procesados como jefes su segundo, Daniel Garbellini, y dos operadores externos ligados históricamente a las droguerías, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como quienes “controlaban la ANDIS desde afuera”.
Aunque todos seguirán en libertad, el impacto económico es contundente: el juez ordenó embargos por más de 200 mil millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos similares para los otros principales acusados. También dispuso nuevas indagatorias y puso bajo la lupa a cuatro empresas clave del sector.
Pero el punto más incómodo aparece al final. Para Casanello, lo investigado podría ser apenas “la punta del iceberg”. El fallo sugiere que, por el volumen del dinero y el desenfado con el que se operó, el esquema no habría estado aislado y podría involucrar “otro nivel de complicidades”.
La causa sigue abierta. La pregunta que queda flotando es hasta dónde llega la cadena de responsabilidades y quiénes más miraron para otro lado mientras la Agencia que debía cuidar a los más vulnerables hacía negocios.