La causa por abusos sexuales dentro del Senado bonaerense sumó una definición clave: prisión preventiva confirmada, con trámite iniciado para una eventual domiciliaria. La tensión crece entre la gravedad de los hechos y los beneficios procesales en análisis.
La Justicia de La Plata resolvió mantener la prisión preventiva de los dos empleados legislativos acusados de encabezar un esquema de abusos sexuales, privación ilegal de la libertad y amenazas contra jóvenes militantes dentro del ámbito del Senado bonaerense. La medida se basó en la existencia de pruebas suficientes, la reiteración de las conductas y el riesgo de afectar a las denunciantes.
Sin embargo, en la misma resolución, el juez de Garantías Juan Pablo Masi ordenó iniciar el trámite para evaluar, más adelante, la posibilidad de que los acusados cumplan la detención bajo arresto domiciliario. No es una concesión inmediata, pero sí una señal procesal que abre interrogantes.
El expediente reúne al menos nueve hechos documentados y cuatro mujeres denunciantes. Según consta en la causa, los testimonios describen un patrón de coerción, manipulación psicológica y amenazas sostenidas en el tiempo, elementos que pesaron para confirmar la preventiva solicitada por la fiscalía y los abogados de las víctimas.
Los detenidos permanecen presos desde fines de diciembre de 2025 y son empleados de planta permanente de la Legislatura bonaerense, con designaciones que se remontan a más de una década. Además de su rol administrativo, tuvieron participación activa en espacios de militancia política que operaban dentro del ecosistema legislativo.
La causa provocó un fuerte impacto institucional en la provincia y expuso una zona opaca del funcionamiento interno del Senado. Con la preventiva firme, el proceso avanza hacia la antesala del juicio oral, mientras la posibilidad de una domiciliaria queda en evaluación.