La investigación por abusos sexuales que sacude al Senado bonaerense sumó un dato político sensible: la ministra de Mujeres reconoció que conocía versiones previas sobre los acusados. La discusión ya no es solo judicial.
La causa que investiga una presunta secta sexual dentro del Senado bonaerense avanza y, con cada paso, incomoda a más actores del poder. Esta semana, la Justicia de La Plata agravó la situación de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados de la Cámara alta provincial, al sumarles cinco nuevos hechos de violencia sexual a los cuatro por los que ya estaban procesados.
Los delitos investigados incluyen abusos sexuales con acceso carnal agravado cometidos entre 2015 y 2019 contra al menos cinco mujeres. Uno de los episodios, según la denuncia, habría ocurrido dentro del propio Senado. El dato eleva la gravedad institucional del caso.
En ese contexto, Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia, rompió el silencio. Admitió que cuando asumió su cargo en 2019 “eso circulaba como rumor”, en referencia a las acusaciones que rodeaban a los dirigentes del Movimiento Ciudadano La Capitana. Dijo no poder precisar desde cuándo sabía ni qué alcance tenían esas versiones.
La ministra sostuvo que “es muy delicado decidir qué actuación se toma cuando hay rumores y no hay causas que avancen”, y recordó que en casos de abuso sexual entre adultos no existe obligación legal de denunciar sin consentimiento de la víctima. Recién en octubre de 2024, explicó, el Ministerio intervino formalmente cuando una empleada del Senado pidió ayuda, aunque todavía no había denuncia penal.
El punto incómodo aparece en las imágenes y registros públicos: durante años, Díaz compartió actividades políticas con los hoy detenidos. Ella negó vínculos orgánicos y aseguró que incluso rechazaron un acto conjunto a fines de 2024. También afirmó que los acusados se acercaban a eventos para “sacarse fotos” como mecanismo de autoprotección.
La causa judicial sigue su curso. Pero el debate político ya está instalado: ¿qué se hace cuando el “rumor” habla de abusos y quienes lo escuchan ocupan cargos creados, justamente, para prevenirlos?
La pregunta queda abierta, y no es solo para los tribunales.