La Cámara Federal de San Martín apartó al juez que investigaba a la AFA por lavado y trasladó el expediente a otro juzgado. El cambio reavivó las sospechas sobre vínculos políticos, acuerdos por detrás y una disputa de poder que excede al fútbol.
La causa por presunto lavado de dinero que rodea a la AFA sumó un giro clave. Esta semana, la Cámara Federal de San Martín decidió apartar al juez Marcelo Aguinsky del expediente y trasladarlo al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Aguinsky era señalado como cercano a Patricia Bullrich, un dato que generaba incomodidad en la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Claudio Chiqui Tapia. La investigación tiene como eje una mansión en Pilar valuada en unos 17 millones de dólares, vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
El traslado del expediente no pasó desapercibido. González Charvay es un magistrado que en el último tiempo firmó fallos duros contra el Gobierno nacional, incluyendo la suspensión de medidas económicas y resoluciones sensibles durante la feria judicial. Además, mantiene buen diálogo con dirigentes del peronismo bonaerense y con el intendente de Pilar, distrito donde se encuentra el inmueble investigado.
La decisión fue firmada por jueces de la Cámara con relaciones políticas conocidas. Entre ellos, Alberto Lugones, cercano al peronismo y al gobernador Axel Kicillof, quien en más de una ocasión se mostró públicamente con Tapia y avaló el traslado del domicilio legal de la AFA a la provincia, una jugada que la aleja del control directo de la IGJ.
En paralelo, en los pasillos judiciales se habla de un acuerdo político más amplio. Según versiones que circulan desde hace semanas, Daniel Angelici habría acercado posiciones con Tapia y Toviggino para descomprimir frentes judiciales. La coincidencia temporal con el desembarco de Betano —empresa vinculada a Angelici— como sponsor principal de los torneos de AFA no hizo más que alimentar las suspicacias.
Desde el entorno de Aguinsky rechazan el argumento formal del cambio de juzgado y sostienen que el núcleo de la investigación no es la mansión de Pilar, sino la propia AFA, cuya sede está en el microcentro porteño. Con esta resolución, además, se abre una puerta jurídica para respaldar el cambio de domicilio que impulsa la dirigencia del fútbol.
El resultado es un expediente sensible, un juez desplazado y otro con vínculos políticos explícitos tomando el control. En el medio, una disputa que cruza fútbol, poder y tribunales, mientras el Gobierno observa cómo una causa que consideraba estratégica cambia de escenario.
La pregunta queda abierta: ¿fue solo una discusión de competencia judicial o una nueva muestra de cómo se mueven las piezas cuando el poder toca la puerta de los tribunales?