El Congreso aprobó la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, una de las reformas tributarias más relevantes impulsadas por el Gobierno nacional en el marco de la segunda etapa del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. La iniciativa apunta a transformar de raíz la relación entre el Estado y los contribuyentes, dejando atrás una lógica punitiva para avanzar hacia un sistema basado en la presunción de buena fe.
El eje central de la norma consiste en invertir la carga de la prueba en materia fiscal: a partir de ahora, será el Estado quien deba demostrar la existencia de irregularidades antes de aplicar sanciones o iniciar acciones penales. Este cambio busca otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica, tanto para personas físicas como para empresas.
Menos persecución y mayor foco en casos relevantes
Entre los principales cambios que introduce la ley se encuentra la elevación de los montos mínimos a partir de los cuales se puede iniciar una causa penal por evasión. Con esta medida, el Gobierno apunta a descomprimir el sistema judicial tributario y concentrar los esfuerzos de control en maniobras de mayor gravedad.
La normativa también reduce los plazos de prescripción para la determinación de deudas impositivas cuando las declaraciones juradas hayan sido presentadas correctamente. Esto limita el tiempo durante el cual el fisco puede revisar períodos pasados y refuerza la certidumbre para los contribuyentes cumplidores.
Además, la ley establece que los conflictos impositivos deberán resolverse prioritariamente por vías administrativas, mediante la regularización y el pago de las obligaciones, relegando la instancia penal a situaciones excepcionales.
Protección para el Régimen Simplificado de Ganancias
Otro punto destacado es el blindaje del nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Quienes se adhieran podrán regularizar su situación tributaria en función de su facturación declarada, sin que se revisen incrementos patrimoniales previos.
Este esquema está orientado especialmente a pequeños contribuyentes y monotributistas, con el objetivo de facilitar su incorporación plena al sistema formal. La ley garantiza, además, que futuras administraciones no podrán reabrir ni cuestionar situaciones anteriores de quienes hayan ingresado al régimen, lo que fortalece la previsibilidad a largo plazo.
Formalizar ahorros para impulsar la economía
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo estratégico de la Ley de Inocencia Fiscal es promover la formalización de los ahorros que hoy permanecen fuera del sistema financiero. La expectativa oficial es que esos fondos, una vez incorporados al circuito formal, contribuyan a dinamizar la inversión, ampliar el crédito y estimular el consumo.
Con esta reforma, el Gobierno busca sentar las bases de un sistema tributario más racional, menos confrontativo y orientado a la confianza mutua, en línea con la estrategia de reactivación económica y normalización fiscal.