Arranca un proceso que podría extenderse por tres años. En el centro de la escena, las irregularidades en las pruebas, los arrepentidos sin registro y un tribunal señalado por su cercanía al macrismo. El objetivo, aseguran las defensas, es condenar a Cristina Fernández de Kirchner.
La causa conocida como Cuadernos de las coimas vuelve a escena este jueves con el inicio del juicio oral. Para muchos juristas y defensores, se trata de un proceso construido sobre pruebas adulteradas y testimonios obtenidos bajo presión. El juicio podría extenderse entre dos y tres años y tiene un objetivo político evidente: lograr la condena de Cristina Fernández de Kirchner, quien no figura mencionada en ninguno de los cuadernos ni fue señalada por testigos o arrepentidos como receptora o solicitante de dinero.
Cuadernos que aparecieron después de ser quemados
El pilar central del expediente son los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, quien admitió haberlos quemado en una parrilla. Sin embargo, un año y medio después, los escritos reaparecieron casi intactos. Peritajes determinaron que la letra no pertenece a una sola persona, que los últimos tramos fueron dictados, y que los textos presentan tachaduras y alteraciones.
La otra base del juicio son las declaraciones de los llamados “arrepentidos”, empresarios y exfuncionarios que denunciaron haber sido presionados para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner bajo amenaza de prisión. Esas declaraciones no fueron registradas en formato audiovisual, tal como lo exige la ley.
En una decisión reciente, los jueces del Tribunal Oral Federal N.º 7 dispusieron que esos testimonios se incorporen “por lectura”, es decir, se darán por válidos sin que los imputados o sus defensas puedan interrogar a los declarantes. La maniobra, advierten especialistas, contradice fallos de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un tribunal bajo sospecha
El tribunal está integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, este último designado a dedo por el expresidente Mauricio Macri. En los días previos al inicio del juicio, el TOF 7 desplazó a la jueza suplente sorteada, Gabriela López Iñiguez, quien había cuestionado el rol del fiscal Carlos Stornelli en la causa D’Alessio. Su reemplazo fue Néstor Costabel, conocido por su alineamiento con el macrismo.
El abogado de CFK, Carlos Beraldi, recusó a Costabel:
“No somos nosotros los que pedimos demoras. Esto es consecuencia de que ellos removieron a la doctora López Iñiguez”, sostuvo.
En el entorno judicial se especula que la designación del cuarto juez es clave, dado que uno de los titulares atraviesa problemas de salud y el proceso será extenso.
Un juicio virtual y eterno
Por la cantidad de imputados —casi 90 entre empresarios y exfuncionarios—, el juicio se realizará de manera virtual, con transmisión parcial por YouTube. Las audiencias serán una vez por semana, de 9.30 a 13.30. Se calcula que los testigos comenzarán a declarar recién en marzo de 2026.
Cristina Fernández de Kirchner seguirá las audiencias desde su departamento de San José 1111, mientras que los empresarios solo deberán conectarse cuando se lean los cargos que los involucran. Con este ritmo, los cálculos más optimistas estiman un fallo recién en 2027 o 2028.
Empresarios sobreseídos y un doble estándar
La causa abarca supuestos pagos vinculados a la obra pública, los peajes, los ferrocarriles y las campañas electorales. Sin embargo, los grandes empresarios de Techint fueron sobreseídos: los jueces aceptaron que los aportes que realizaron al gobierno kirchnerista fueron “humanitarios”, para evitar represalias del presidente venezolano Hugo Chávez.
Los gerentes Luis Betnaza y Héctor Zavaleta blanquearon grandes sumas durante el gobierno de Macri, mientras que Paolo Rocca declaró desconocer los pagos de sus subordinados.
Entre los que sí enfrentarán el juicio figuran Ángelo Calcaterra (primo de Macri), Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra, este último uno de los pocos empresarios que se negó a “arrepentirse”.
El vínculo con el macrismo
Varios actores centrales de la causa tienen lazos directos con el macrismo. El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue abogado defensor del empresario Sergio Taselli y en su momento sostuvo que las acusaciones eran falsas y obtenidas mediante aprietes.
A su vez, la investigación sobre la llamada “cartelización de la obra pública” —una práctica que involucra también a la familia Macri— nunca prosperó. Para las defensas, el expediente fue manipulado para encubrir a los grandes grupos empresarios y concentrar la persecución en exfuncionarios kirchneristas.
Sin cuentas ni bienes ocultos
Ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Julio De Vido, ni Roberto Baratta fueron encontrados con cuentas en el exterior o bienes no declarados. El único exfuncionario con fortunas detectadas fuera del país fue Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, fallecido en 2016. Su patrimonio se investiga en una causa aparte.
Pese a esa evidencia, el juicio se centra nuevamente en la teoría de la “asociación ilícita”, la misma que fue descartada en la causa Vialidad.
Un proceso sin justicia
Desde el inicio, la causa Cuadernos estuvo marcada por irregularidades: Bonadío y Stornelli la retuvieron sin sorteo, presionaron a imputados, aceptaron fotocopias sin peritajes y avalaron declaraciones sin registro. Ahora, con un tribunal cuestionado y un proceso que se desarrollará a distancia, las defensas anticipan un juicio “armado” cuyo desenlace parece predecible.
En palabras de un abogado de la causa:
“No es un proceso judicial. Es una operación política con toga y expediente.”