En un verdadero golpe de efecto diplomático y judicial, el Gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que intervendrá en favor de Argentina en el multimillonario juicio por la expropiación de YPF. La decisión, que representa un respaldo explícito a la administración de Javier Milei, es fruto de la relación directa que el presidente mantiene con Donald Trump, quien ya comienza a mover los hilos del poder norteamericano a favor de nuestro país.
El Departamento de Justicia estadounidense, bajo la órbita del republicano Trump, presentará un escrito en calidad de amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, solicitando que se frene la ejecución del escandaloso fallo de la jueza Loretta Preska. Este fallo, recordemos, ordenaba la entrega del 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital, que busca quedarse con la joya energética del país gracias al desastre legal que dejó la condenada Cristina Kirchner.
Si bien la presentación norteamericana no fija posición sobre el fondo de la cuestión —la sentencia por USD 16.100 millones contra el Estado argentino— sí es un movimiento clave para frenar el avance de los fondos buitres mientras se define la apelación presentada por el Gobierno de Milei.
El juicio por la expropiación de YPF es, ni más ni menos, la bomba que dejó activada el kirchnerismo cuando en 2012 estatizó la empresa de manera ilegal y sin respetar los estatutos que exigían una oferta pública de adquisición. Como si fuera poco, luego los derechos para litigar fueron comprados por Burford Capital, especialistas en extorsionar países en crisis.
El analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, explicó que la jugada de la administración Trump busca influir en la Justicia neoyorquina para congelar la ejecución del fallo hasta que se resuelva la apelación. Para Argentina, este respaldo de Estados Unidos es un triunfo político y judicial que se debe exclusivamente al alineamiento internacional logrado por Milei, dejando en evidencia que con liderazgo y relaciones reales, el país puede defenderse ante la rapiña internacional que nos legaron los K.
Mientras tanto, el litigio podría extenderse durante todo 2025 e incluso parte de 2026, pero el escenario ahora se inclina, por primera vez en años, a favor de Argentina.