A partir del 1° de julio de 2025, el Estado nacional comenzará a desvincular de forma automática a todos los empleados públicos que no aprueben un examen de conocimientos y competencias, en una medida impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger. Se trata de un paso más hacia la profesionalización del empleo estatal y el recorte del gasto público improductivo.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución 48/2025 publicada en el Boletín Oficial y afecta a los contratados bajo el artículo 93 de la Ley de Contrato de Trabajo, una figura ampliamente utilizada durante los gobiernos kirchneristas para llenar la planta del Estado con militantes sin formación ni experiencia. A partir de julio, quienes no pasen la Evaluación General de Conocimientos y Competencias no podrán continuar trabajando para el Estado ni renovar sus contratos.
La evaluación, que se toma en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), consta de preguntas de opción múltiple y tiene una duración de una hora. Los perfiles evaluados son tres: servicios generales, administrativos y profesionales. Cada trabajador tendrá hasta tres oportunidades para aprobarla.
En diciembre de 2024 ya fueron evaluados 40.000 empleados públicos, en lo que fue la primera etapa de este plan integral de revisión del empleo estatal. Según explicaron desde la cartera que conduce Sturzenegger, el objetivo es eliminar la discrecionalidad, el acomodo político y el clientelismo que caracterizó al kirchnerismo en el manejo de los recursos humanos del Estado.
Además, el Gobierno instó a que los mismos criterios de idoneidad se apliquen en empresas y sociedades con mayoría estatal, cortando así con la lógica de premios partidarios a través de cargos públicos.
Lejos de tratarse de una “caza de brujas” como denuncian algunos gremios, la iniciativa busca que el empleo público se base en la eficiencia y la capacidad, no en la militancia. “No es solo achicar, es profesionalizar”, aseguran desde el Ministerio.
Esta es una medida clave del modelo libertario de Javier Milei, que empieza a poner orden en un Estado sobredimensionado, plagado de ñoquis y usado durante años como agencia de empleo militante.