La jefa del kirchnerismo acusa “proscripción” mientras busca zafar del fallo definitivo que la dejaría fuera de la política para siempre.
En un nuevo manotazo de ahogada, la condenada Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntar contra la Justicia para intentar frenar lo que parece inevitable: la confirmación de su condena por corrupción en la causa Vialidad. Esta vez, recusó al ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien deberá intervenir en el expediente que la encontró culpable de defraudar al Estado en la asignación de obras a su socio Lázaro Báez.
La movida judicial fue anunciada por la propia Cristina en sus redes sociales, donde volvió a desplegar su clásico libreto de “lawfare” y “persecución política”, acusando a Lorenzetti de tener “parcialidad” por declaraciones realizadas en televisión. Según la jefa del kirchnerismo, esas palabras son parte de una supuesta maniobra para dejar al peronismo “fuera de competencia electoral”.
“El verbo es PROSCRIBIR y el sujeto es el PERONISMO”, lanzó la expresidenta en un tono de dramaturgia militante, intentando victimizarse frente a lo que, en realidad, es el final de una causa judicial con pruebas, condena y sentencias claras. La estrategia es la misma de siempre: atacar a los jueces cuando el fallo no le gusta.
Sin embargo, la jugada parece desesperada. Lorenzetti, en una reciente entrevista con Luis Novaresio, fue tajante: la Corte fallará antes de las elecciones. “No hay razón para demorarlo más”, aseguró, desactivando así cualquier intento de dilatar la resolución.
Mientras tanto, el máximo tribunal espera la opinión del Procurador General, Eduardo Casal, sobre los recursos de queja. En paralelo, el fiscal Mario Villar busca que se agrave la pena e incluso que se incluya el delito de asociación ilícita, lo que pondría en jaque cualquier intento del kirchnerismo de reciclarla como candidata.
La condena que pesa sobre Cristina —6 años de prisión e inhabilitación perpetua— aún no está firme, pero todo indica que en cuestión de semanas lo estará. De confirmarse, la líder de la banda que gobernó con corrupción estructural durante más de una década no podrá volver a ocupar ningún cargo público, por más que el peronismo bonaerense todavía fantasee con una banca que le dé fueros.
La Corte no parece dispuesta a ceder ante presiones políticas ni a tolerar este nuevo show judicial. Lo que Cristina intenta vender como “proscripción” no es más que la aplicación de la ley a una dirigente condenada por corrupción.