Esta semana será histórica para la política argentina. El Senado de la Nación tratará, finalmente, el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa largamente demorada que promete limpiar las listas electorales de delincuentes condenados por corrupción, violencia de género y otros delitos graves. De aprobarse –como todo indica que sucederá este miércoles–, la ley implicaría un golpe directo a la condenada Cristina Fernández de Kirchner, quien quedaría inhabilitada para volver a ocupar cargos públicos.
El proyecto, impulsado originalmente por el PRO y respaldado por sectores del oficialismo, impide que cualquier persona con condena confirmada en segunda instancia por delitos contra la administración pública pueda ser candidata. Esto incluye delitos como cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y encubrimiento, todos ellos figuras judiciales que pesan sobre la espalda de la líder del kirchnerismo.
El conteo previo anticipa una votación favorable: 38 votos a favor contra 34 del kirchnerismo, lo que alcanza para la sanción definitiva. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que “ya no quedan dudas” de que la ley será aprobada, lo que genera nerviosismo en las filas de Unión por la Patria, que ya salió a denunciar una supuesta “persecución judicial” contra su jefa política.
Pero la realidad es otra: la ley no persigue a nadie, solo impide que los corruptos sigan teniendo privilegios políticos. Es una demanda ciudadana histórica que busca cortar con la impunidad de los que se enriquecieron a costa del Estado.
El artículo 7 de la norma también impide que los condenados sean designados como ministros, secretarios, diplomáticos o directores de empresas estatales. Además, la Cámara Nacional Electoral tendrá a su cargo un Registro Público de Ficha Limpia, donde quedarán asentadas las condenas de segunda instancia.
Si se aprueba esta semana, Cristina Kirchner –condenada en la causa Vialidad por corrupción en la obra pública– no podrá volver a presentarse a una elección nacional, al menos mientras la condena siga firme. Se trata de un paso firme hacia una política más transparente y sin delincuentes ocupando cargos que deberían servir al pueblo, y no servirse de él.