Una nueva amenaza se cierne sobre las provincias del norte argentino: más de 500.000 bolivianos podrían ingresar al país en los próximos meses, empujados por la catastrófica situación que atraviesa Bolivia. Y los pronósticos no son alentadores: más de un millón y medio de migrantes podrían cruzar nuestras fronteras de acá a 2027, en un escenario de absoluto descontrol.
Salta, por su ubicación estratégica, sería uno de los principales puntos de ingreso de esta nueva ola migratoria que ya genera preocupación entre los vecinos y autoridades. La provincia, históricamente desbordada por el ingreso de extranjeros ilegales, se prepara para un impacto que podría colapsar sus sistemas de salud, seguridad y asistencia social.
La debacle boliviana no da respiro. El país se encuentra sumido en una crisis económica y social terminal: faltan alimentos, combustibles, el dólar paralelo vuela un 70% por encima del oficial, y las rutas están completamente bloqueadas. A esto se suma la caída histórica en la producción de gas natural, su principal fuente de ingresos. La consecuencia es directa: millones de bolivianos buscan escapar como sea de un país al borde del abismo.
Las imágenes que llegan desde ciudades como El Alto y Santa Cruz son preocupantes: protestas masivas, violencia callejera y un Estado completamente ausente. Ante este caos, Argentina vuelve a posicionarse como “refugio regional” gracias a la estabilidad y el orden impulsado por el gobierno de Javier Milei. Pero no sin consecuencias.
Desde el Ejecutivo se insiste: “primero los argentinos”. Por eso, se aplauden medidas como el cobro de atención médica a extranjeros sin DNI, ya vigente en Buenos Aires, Salta, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza. El mensaje es claro: los servicios del Estado no pueden seguir siendo regalados a costa del pueblo argentino.
La Argentina no puede repetir los errores del pasado. La frontera norte debe ser controlada con firmeza. La situación en Bolivia no puede convertirse en un nuevo problema para los argentinos de bien.