En un escenario donde el dolor y la desesperación son moneda corriente, la administración de Kicillof ha dado un golpe bajo que raya en lo imperdonable. Con un gasto total de $29.991.100 destinados a un convenio ambiental, mientras la inseguridad se cobra vidas inocentes, nos preguntamos: ¿en qué planeta vive este gobierno?
El convenio específico, firmado entre el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Hurlingham, no es más que una maniobra descarada para desviar recursos de donde realmente se necesitan. Resulta inaudito que en una provincia golpeada por tragedias que desgarran el alma de la sociedad, se decida invertir casi treinta millones de pesos en proyectos medioambientales cuando la realidad clama por seguridad. Hace apenas un mes, una niña de 7 años perdió la vida en La Plata en un acto de violencia que ya se suma a una serie de desastres humanos. ¿Qué mensaje se envía cuando, en lugar de robustecer la seguridad, se opta por financiar acciones que parecen sacadas de un manual de justificaciones vacías?
Mientras la sombra de la inseguridad se extiende, la tragedia en Bahía Blanca sigue sin recibir la atención y los fondos necesarios para atender a sus damnificados. La brutal realidad es que, en vez de proteger a nuestros niños y amparar a las víctimas de la violencia, se decide despilfarrar dinero público en iniciativas medioambientales que poco tienen que ver con la urgencia de reforzar la seguridad. ¿Cómo es posible que, en un contexto de tanta desesperación, se elijan prioridades tan desconectadas de las necesidades de la gente?
La gestión de Kicillof ha demostrado ser un ejercicio de irresponsabilidad política, ignorando el clamor de una ciudadanía que no puede esperar más. Cada peso mal invertido es una herida abierta en el tejido social, una ofensa directa a las familias que han perdido a sus seres queridos en situaciones que se podrían haber mitigado con una asignación más sensata de los recursos.
Es hora de que los gobernantes respondan por sus decisiones, devolviendo la mirada a lo que realmente importa: la seguridad y el bienestar de nuestros niños y comunidades. Mientras sigan privilegiando proyectos distantes de la realidad, la indignación popular seguirá creciendo y el clamor por una verdadera protección social se hará imparable.