La compra del ríduculo y disfuncional auto “Tito”, destinado a “patrullar” la maquillada Plaza San Martín, se ha convertido en el epicentro de una nueva polémica en La Plata, y el intendente Julio Alak se encuentra en el ojo del huracán. Desde hace días, la oposición ha exigido explicaciones sobre el origen de los fondos que permitieron la adquisición de este vehículo eléctrico, al tiempo que se cuestiona la falta de transparencia y seriedad en el manejo de recursos públicos.
El caso se complica cuando se destaca que ni siquiera se sabe si la compra fue realizada por el Municipio o si el auto fue adquirido a través de la Cooperativa de Trabajo “El Custodio Limitada”. La incertidumbre se extiende a la forma de adquisición: ¿fue a través de licitación pública, licitación privada o una compra directa? Alak, en su rol de máxima autoridad, ha optado por el silencio en lugar de dar respuestas claras y contundentes ante las reiteradas consultas, dejando entrever una gestión opaca y carente de rendición de cuentas.
La oposición del Concejo Deliberante ha elevado un pedido de informes que incluye preguntas cruciales: desde la procedencia de los fondos, hasta el número de expediente y el costo total de la compra, sin olvidar el presupuesto destinado al mantenimiento de “Tito”. Resulta sorprendente que en una ciudad que clama por mayor eficiencia y transparencia, el jefe de Gobierno se ampare en respuestas evasivas y justificaciones insuficientes ante el gasto público.
Además, se cuestiona bajo qué normativa se permite que “Tito” circule por las sendas de la Plaza San Martín y cuál es la cobertura de seguro del vehículo, poniendo en evidencia un escenario en el que la seguridad y el orden parecen haberse visto relegados a un segundo plano. La crítica se intensifica al señalar la ausencia de estadísticas claras sobre la intervención de “Tito” en delitos o contravenciones ciudadanas desde su incorporación a las tareas de patrullaje.
El concejal Guillermo Bardón, a través de su proyecto de resolución, exige una auditoría exhaustiva que no solo esclarezca la compra del vehículo, sino que evalúe su efectividad en la seguridad del espacio público. Las preguntas quedan en el aire mientras la ciudadanía observa con creciente desconfianza y descontento la gestión de Alak, evidenciando que, en momentos donde la transparencia es esencial, la falta de respuestas claras alimenta el escepticismo y la crítica hacia una administración que parece perder el norte en el manejo de recursos y prioridades.