Mientras la inseguridad golpea a los argentinos de bien, el kirchnerismo vuelve a las calles con una marcha que no es más que otro intento de desestabilización. Utilizan a los jubilados como excusa para generar caos e intentar recuperar los privilegios de la casta, pero el Gobierno de Javier Milei no se deja extorsionar.
Para evitar que piqueteros y militantes tomen la Plaza del Congreso y repitan los destrozos de la semana pasada, el Ejecutivo, con Patricia Bullrich al mando de la seguridad, desplegará más de 2.000 efectivos de fuerzas federales y porteñas, además de un vallado total y cortes preventivos en varias cuadras.
El operativo contará con 900 policías de la Ciudad, 720 agentes de la Policía Federal, 400 efectivos de Gendarmería y Prefectura, además de 600 agentes de tránsito que garantizarán el orden en las inmediaciones del Congreso. Se reforzarán los controles en los accesos y se mantendrá un cerco de 100 metros a la redonda del Palacio Legislativo para evitar que los manifestantes bloqueen la zona.
Desde temprano, en estaciones de trenes aparecieron carteles con un mensaje claro: “La protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República”. El mensaje busca frenar a los grupos que siempre terminan con violencia y destrucción.
La última manifestación impulsada por el kirchnerismo terminó con destrozos, enfrentamientos con la Policía y serios daños en el centro porteño. Ante esta nueva convocatoria, el Gobierno no piensa ceder y apuesta a una respuesta firme para evitar que los violentos se apoderen de las calles.
Mientras tanto, la CGT—aliada del kirchnerismo y cómplice del desorden—anunció un nuevo paro general en respuesta a la firmeza del Gobierno. Quieren extorsionar al país para frenar las reformas de Milei y seguir defendiendo los intereses de la casta.